La industria minera moderna está obligada a realizar aportes concretos y efectivos para el desarrollo sostenible de las comunidades que impacta. Lo esencial es que ese aporte no se transforme en un sistema para tapar agujeros fiscales, sino que ayude a asegurar el futuro de los ciudadanos.

Hace pocos días, durante los festejos de un nuevo aniversario de Puerto San Julián, el gobernador Daniel Peralta anunció que en esta semana que se inicia Legislatura santacruceña un proyecto para regular, definir o fijar los aportes por responsabilidad social empresaria que deberían realizar las compañías mineras que operan en Santa Cruz, aporte que de hecho ya muchas empresas realizan.

Aunque aún no se conoce ningún dato específico sobre la iniciativa parlamentaria, muchos esperan que se tome como ejemplo el sistema que ha impuesto San Juan en su jurisdicción, consistente en comprometer -ya desde la declaración de impacto ambiental que debe presentar cada proyecto para obtener los permisos de explotación- el porcentaje de ingresos que destinarán las compañías tanto a un fondo de desarrollo de infraestructura, como a la financiación de proyectos productivos sustentables en las comunidades de influencia.

Más allá de que no se conozcan los lineamientos que contendrá el proyecto a presentar, no se trata en principio de una iniciativa desacertada. Si bien compañías como Cerro Vanguardia, Minera Triton, Minera Santa Cruz o Patagonia Gold -por mencionar algunas- han venido aportando importantes montos tanto a mantenimiento de infraestructura social como a proyectos de desarrollo local, es bueno que el compromiso sustentable esté plasmado en los papeles, y que se establezcan condiciones mínimas que no dejen librados esos aportes a la decisión unilateral empresaria, que no haya empresas que miren para otro lado y manejen un sistema de enclave -como ocurrió con Mina Martha- y que los montos aportados tengan un justo reparto entre provincia y comunas afectadas, como así también un destino que no sea el de tapar agujeros fiscales, sino financiar la sostenibilidad en el tiempo del impacto minero en las localidades.

Responsables y sustentables

Responsabilidad empresaria, sustentabilidad y sostenibilidad, representan tres etapas que ha recorrido la conciencia empresaria en el mejoramiento de sus relaciones con la comunidad.

La responsabilidad social empresaria es un concepto que toma cada vez más fuerza en las grandes empresas, aunque no tanto en las más pequeñas. Nace del precepto de que a quien le va bien en la sociedad que lo acoge, debe devolver parte de ese éxito ayudando a quienes lo necesitan, mediante donaciones, planes de capacitación, inversión en infraestructura social, etc.

La sustentabilidad es más profunda. Una empresa comprometida con la sustentabilidad aporta al desarrollo de planes y programas que les permitan a las demás fuerzas productivas de su comunidad, avanzar y crecer, al amparo del impulso económico de la industria, de manera que pueda continuar con autonomía.

La sostenibilidad, por último, es más profunda. Se trata de lograr que las mejoras sociales que genera la industria en una comunidad, se sostengan en el tiempo, más allá de la vida activa de la propia industria, sosteniendo así las expectativas de mejora de la calidad de vida y crecimiento de la sociedad.

La presencia de YCF en la cuenca carbonífera, o de YPF o Gas del Estado en las localidades del flanco norte santacruceño, son ejemplos de responsabilidad social empresaria, que se generaron aún antes de que la sociología y la economía acuñaran el término. Estas empresas solventaron obras, redes de servicios, cines, clubes, escuelas y barrios, además de pagar becas y sostener organizaciones sociales, pero cuando desaparecieron -o cuando su situación económica fue comprometida- la red de apoyo comunitario que financiaban entró en crisis y la infraestructura fue difícil de sostener. Hubo responsablidad social, pero no se la encaró con una visión sustentable.

Experiencias como el desarrollo de la industria cárnica en Gobernador Gregores -que lleva adelante la Agencia de Desarrollo local con aportes de Minera Triton-, el impulso para establecer una industria láctea en Perito Moreno -con el apoyo de Goldcorp Cerro Negro- o los múltiples créditos productivos que se entregaron en San Julián para actividades no relacionadas con la minería, son ejemplos de acciones de sustentabilidad, muchos de los cuales perdurarán más allá del tiempo que duren las respectivas explotaciones mineras.

La experiencia de las bordadoras

En San Julián, Cerro Vanguardia apoyó un proceso que ejemplifica la evolución del compromiso empresario.

La minera entregó con carácter gratuito a la Casa de la Mujer de esa localidad -una institución creada para mujeres desocupadas-, un equipo de bordado de última generación, para personalizar prendas y uniformes. Luego, apoyó económicamente la capacitación de sus operadoras y finalmente está adquiriendo allí la ropa de trabajo terminada para su personal.

Entregar un equipo para producción a quienes lo necesitan para trabajar es un ejemplo de responsabilidad social empresaria. Capacitar a su personal para que pueda operarlo en forma independiente torna esa acción en un proyecto sustentable, y formalizar una contratación de servicios para asegurar mejores ingresos y el desarrollo independiente de la nueva unidad de negocios, lo torna sostenible en el tiempo.

Aportar la futuro

La minería moderna se desarrolla de manera efectiva solamente cuando se enmarca en un plan de sustentabilidad social, económica y comunitaria. Por su característica extractiva y porque realiza su negocio con recursos que no se renuevan -lo que lleva implícito una actividad destinada a cesar en algún momento-, está obligada a asegurar que su impulso y aportes aseguren un futuro mejor de la comunidad afectada, más allá del tiempo en que dure su actividad. Es decir, su deber no es solamente ayudar, por dar un ejemplo burdo, a un comedor comunitario, sino aportar al desarrollo de las potencialidades productivas locales para que esa sociedad crezca y continúe su avance social en forma continua.

Volviendo al inicio de esta columna, no vemos mal que el aporte de la industria minera al desarrollo social tenga un marco legal adecuado, pero ese marco debe contemplar mucho más que las necesidades inmediatas de financiamiento, apuntando a cambios sostenibles del perfil productivo de las comunidades.

Y, por supuesto, debe comprometer también a quienes se benefician directamente con el impulso minero -y con una experiencia laboral que les permitirá seguir trabajando en otras minas y proyectos- como lo son los proveedores de bienes y servicios.

Por Roberto Mendoza especial para La Opinión Austral

Temas: Mineria