El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó ayer un contrato para desarrollar la primera y más grande explotación minera a cielo abierto, ubicada en la amazonia sur del país. El acuerdo se oficializó a pesar de las quejas de grupos ambientalistas que se oponen al megaproyecto de extracción mineral porque, sostienen, “modificará la naturaleza”.

“Hoy se inicia una nueva era en Ecuador, es un momento de singular importancia, porque damos un salto cualitativo al pasar de la exploración de proyectos a gran escala al inicio del primer proyecto de explotación de cobre de escala industrial”, señaló el mandatario en el discurso tras la firma con la empresa de capitales chinos Ecuacorriente.

“Hemos tomado la decisión firme y soberana, responsable de aprovechar nuestros recursos naturales de manera racional para generar desarrollo. Obras de infraestructura que tanto necesita el país para su desarrollo”, informó, y luego sentenció: “ No podemos ser mendigos sentados en saco de oro.

Vamos a desarrollar el potencial minero del país”.

Después de que se conociera la noticia, un grupo de ecologistas protagonizó ayer una protesta en las afueras de la embajada de China en Quito y varias mujeres ingresaron en la sede diplomática para presentar su queja en una carta, en la que aseguraban que el proyecto minero “afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza”.

“Rechazamos la firma del contrato y por ello nos declaramos en protesta no violenta de la embajada”, señalaba el escrito. Una de las manifestantes que se quedó afuera, Alexandra Almeida, dijo que existen “muchas irregularidades” en esa concesión, ya que los estudios de impacto ambiental “aún no están aprobados”.

Una hora después, la policía desalojó por la fuerza a los manifestantes y unas ocho mujeres fueron detenidas.

Ecuador firmó con Ecuacorriente un contrato por 25 años para la extracción de cobre, el cual demandará una inversión inicial de 1.400 millones de dólares en los primeros cinco años para garantizar el inicio de la producción a finales de 2013 y, en dos años más, el máximo de productividad.

El yacimiento se encuentra al sur de la amazonia ecuatoriana, en la provincia de Zamora Chinchipe, 375 kilómetros al sur de la capital.

Por otra parte, el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, dijo que el proyecto crea un negocio cuyo valor “no será menor a 20 mil millones de dólares” , de los cuales la mitad amortizarán los costos operativos y la inversión.

Las regalías para el Estado se calculan en 5.400 millones de dólares y para la empresa, en 5.000 millones, enfatizó el funcionario de Recursos No Renovables.

Además, dijo que de esos 5.400 millones de dólares que espera obtener el Estado, 900 millones serán usados para las comunidades cercanas al proyecto.

“Es el contrato más beneficioso (para el Estado) que conocemos a nivel internacional en términos de repartición de renta minera”, señaló Pastor.

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