Ante un nuevo intento de modificar la Ley provincial 7.722, se dejan ver los intereses de la reapertura de la mina uranífera en el departamento. Ante esto, las Asambleas del Agua de la provincia se manifiestan en estado de alerta y rechazan el pedido de inconstitucionalidad que debe analizar la Corte de Mendoza.Días atrás hablábamos de los pedidos de inconstitucionalidad que se hicieron ante la justicia por la Ley de Minería, la 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas en la extracción de minerales del suelo mendocino.

En este sentido, uno de los planteos de inconstitucionalidad fue lanzado por la APCNEAN (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear), un espacio que nuclea a las empresas públicas y privadas que están en derredor de la energía atómica.
El pedido pide recuperar la actividad nuclear. El propio Guillermo Rojas, Secretario Gremial de la APCNEAN, dio declaraciones públicas en las que defendió a la actividad minera uranífera al sostener que “no es contaminante”.
Detrás de esto, se puede observar un marcado interés por la reapertura de la mina de Sierra Pintada.
Fue Rojas quien habló públicamente (en declaraciones a MDZ) de Sierra Pintada, e hizo hincapié sobre controles y remediación en la mina, demostrando que -desde hace un tiempo- hay un renacer en las intenciones de reapertura de la mina sanrafaelina a pesar de la fuerte crítica social que esto ha representado y sigue representando.

RECHAZO

Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua sostienen su rechazo a la modificación de la ley, y sobre Sierra Pintada plantean que “es un importante foco de contaminación por sus pasivos ambientales”, agregando que “existen pasivos ambientales que todavía no son remediados después de muchísimo tiempo y, pese a fallos judiciales, no se logra la remediación”.
Las propias asambleas lanzaron un comunicado donde destacan que los intereses que se encuentran en juego son “los del pueblo de Mendoza, los de las generaciones presentes y futuras, los de quienes no quieren que las empresas megamineras nos saqueen, sequen y contaminen. Esos intereses son los que, esperamos, defienda la Corte Suprema cuando le toque decidir sobre la constitucionalidad de la ley 7.722″.

Diario San Rafael