Se trata del llamado fondo 4 por 1000, por el cual las empresas mineras retienen este porcentaje de la facturación a sus proveedores, dinero con el que luego el Estado otorga subsidios. Quiénes son los al menos 23 beneficiarios de esta ayuda millonaria en este año.

El gran logo de “San Juan Minero” en las camisetas de los jugadores de los clubes de fútbol y de algunos ciclistas, entre otros deportistas sanjuaninos, da cuenta de que la minería proviene una importante ayuda económica. Tanto así, que el llamado fondo 4 por 1000 creció un 52% comparando el primer trimestre de este año con el mismo periodo de 2012. En 2013 la recaudación ascendió a 10,2millones de pesos, mientras que el año pasado fue de 6,7 millones de pesos. Así lo dice la información del Ministerio de Minería local respecto de este dinero, que financia básicamente actividades deportivas y culturales.

Como este fondo, creado en 2009, responde a un mecanismo por el cual las empresas que exploran y explotan mineral en San Juan retienen el 4 por 1000 de cada factura que abonan a sus proveedores, el hecho de que suba la recaudación también habla, en la comparación interanual, de un mejor momento de la actividad minera. Discriminado por mes, en 2013 se recaudaron, en pesos, 2,9 millones en enero, 3,7 millones en febrero y 3,6 millones en marzo.

El ingreso de estos recursos al Estado responde a un mecanismo mensual. Las empresas retienen el 4 por 1000 (0,004) de cada factura que abonan a sus proveedores, y lo depositan 15 días después en una cuenta oficial de la cual dispone el Ministerio para atender los requerimientos de las instituciones que lo solicitan. Así, no es un fondo anual, sino un ingreso mensual y un egreso equivalente de acuerdo a la disponibilidad de cada mes.

¿Quiénes fueron los destinatarios de la plata de este año? Según los datos oficiales, la mayoría de los al menos 23 subsidiados son entidades deportivas. De hecho, muchas de ellas se nutrían antes de un fondo en el que contribuían las empresas, pero en medio de sospechas por maniobras de evasión, la ley que lo creó en el año 2000 fue derogada en el 2007 (ver aparte). La lista es la siguiente: Club San Martín, Club Sportivo Desamparados, Club Atlético Alianza, Club Unión, Club Trinidad, Club Del Bono, Club Peñarol, Club Independiente Villa Obrera, Club Colón Jrs., Asociación Deportiva Albardón, Club Atlético San Miguel de Albardón, Liga Caucetera de Fútbol, TC 2000, Torneo Argentino del Interior, UPCN Vóley, pilotos de Dakar Sergio Cerdera y Lino Sisterna, pilotos de Pro Racing Fabián Flaqué , Henry Martin y Ariel Persia, Vuelta Ciclística de San Juan y la fecha local del Campeonato Mundial de Motocross. Además, se benefició a la UNSJ para proyectos de la Facultad de Ciencias Exactas y de la Facultad de Ingeniería. También la información oficial da cuenta del uso de este fondo para la “edición de libros” e “impresión de folletería, banners y videos”.

Sobre el detalle de cuánto recibe cada uno, fuentes del Ministerio de Minería aseguraron que “el volumen destinado a los distintos rubros es equiparado”, y agregaron que “la ley y reglamentación del fondo estipula que, en caso de incumplimiento de los recursos otorgados, la institución morosa deberá responder a las sanciones administrativas y legales que corresponda y, además, perderá la posibilidad de gestionar una nueva asignación futura. Desde el comienzo de su aplicación no se ha registrado ninguna institución que no haya rendido debidamente los montos oportunamente asignados”.

Un antecedente polémico

En 2007, tras 7 años de aplicación, José Luis Gioja mandó a derogar una ley que contemplaba subsidios al deporte, en medio de sospechas de abusos con el sistema. Se trata de la ley 7091, que había sido creada por impulso del actual subsecretario de Deportes y ex diputado, Juan José Chica, que permitía a las empresas locales donar a entidades deportivas una parte de lo que debían tributar por ingresos brutos al Estado. La sospecha oficial era que las empresas usaban el mecanismo para su propio beneficio, haciéndole perder al Estado en recaudación de impuestos, “negociando” con las entidades deportivas un retorno en negro de la cifra donada. Cuando se dio fin a la norma, había participando en el sistema 67 firmas y 360 beneficiarios, que movían alrededor de 4 millones de pesos al año.

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