Las obras en territorio argentino del proyecto binacional minero de Pascua Lama, que en Chile fue paralizado por la justicia, avanzan según el cronograma previsto, se informó oficialmente el martes.

El secretario argentino de Minería, Jorge Mayoral, se reunió con el vicepresidente Ejecutivo de la minera canadiense Barrick, Kelvin Dushnisky, para estudiar el desarrollo del proyecto y ambos señalaron que éste se ejecuta sin problemas.

En el encuentro, Dushnisky señaló que en Lama, del lado argentino, “donde se ubica el campamento y toda la actividad de procesamiento industrial, los avances en las obras ya superan el 50% y se cumplen las tareas conforme al cronograma previsto”, señaló un comunicado de la Secretaría de Minería.

Tras la reunión Mayoral dijo por su parte a los periodistas que “el proyecto avanza gozoso de buena salud.”

Pascua Lama es el primer emprendimiento minero binacional del mundo. El mismo se encuentra en etapa de construcción con una inversión superior a los 40.000 millones de pesos (unos 7.707 millones de dólares) y la generación de 16.000 puestos de trabajo, 13.000 de ellos en Argentina, dijo el comunicado oficial.

Un tribunal chileno suspendió el 12 de abril la construcción en Chile del proyecto minero en uno de los varios reveses sufridos por la empresa especializada en la extracción de oro más grande del mundo.

Los ministerios de Medio Ambiente y de Minería chilenos apoyaron la suspensión de los trabajos en la mina ubicada a unos 5.000 metros de altura. Los detractores del proyecto dicen que la construcción hizo que cayera mucho polvo en los glaciares vecinos Toro 1, Toro 2 y Esperanza, acelerando su deshielo, y que además amenaza el río Estrecho, que abastece de agua a la comunidad indígena diaguita.

Tras conocer la decisión de la justicia chilena, Barrick dijo que “trabaja para solucionar los requerimientos ambientales y otros regulatorios para satisfacción de las autoridades chilenas”. Pero insistió en que va a continuar con el proyecto en Lama, del lado argentino, donde la minería está regulada por los gobiernos provinciales, no por el gobierno central.

La firma asegura que cumple con todas las leyes argentinas, pero defensores del medio ambiente sostienen que los proyectos de Pascua-Lama y de Veladero, en la misma región, que produjo 611.000 onzas de oro el año pasado, violan claramente una ley de 2010 que prohíbe toda actividad minera en o cerca de glaciares.

Si bien Barrick bloqueó la aplicación de la ley hasta ahora, la Corte Suprema argentina ordenó un inventario nacional de agua suministrada por glaciares y por áreas peri-glaciales, como se denomina a regiones rocosas donde se acumula el agua generada por el deshielo de los glaciares.

Tras conocer el encuentro entre el secretario de Minería y el vicepresidente ejecutivo de la minera, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales envió a The Associated Press un comunicado en el que señaló que se había presentado junto con Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ante la Corte Suprema de Justicia solicitando “que tome medidas para seguir avanzando en la causa judicial iniciada por habitantes de la provincia argentina de San Juan, por el impacto ambiental del emprendimiento minero binacional”.

Esas organizaciones pidieron al alto tribunal “que arbitre los medios necesarios para obtener copias” de la reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de Chile que dictó una medida de no innovar respecto del proyecto en ese país y la auditoría ambiental efectuada por el gobierno de San Juan respecto de los emprendimientos mineros Pascua-Lama y Veladero.

“Contar con la documentación de dicha corte chilena, que estableció la afectación de recursos hídricos en ecosistemas compartidos, así como también conocer los fundamentos y la conclusión a la que llegó la auditoría ambiental en el lado argentino son de vital importancia para avanzar hacia una efectiva implementación de la ley de glaciares”, dijo la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en su comunicado.

Las organizaciones ambientalistas ampliaron la demanda iniciada por los ciudadanos sanjuaninos y requirieron la efectiva aplicación de la ley de glaciares, la confección del inventario nacional de glaciares y el eventual cese de actividades y la recomposición del ambiente en el área donde se encuentra el proyecto minero.

El nuevo Herald