Representan un 40% del personal. También podría haber posibilidades laborales en la construcción de escuelas. Quieren que la minera abone salarios de mayo.

De construir un megaemprendimiento minero a edificar casas. Ése es el destino más próximo para garantizarle continuidad laboral a al menos 1.000 trabajadores que se desempeñaban en Potasio Río Colorado, un escenario cuyo diseño ayer, en el Día de la Construcción, seguía proyectándose entre empresas y sindicato, a partir del compromiso de las primeras de reinsertarlos como mano de obra para licitaciones públicas. Es que el futuro de casi 40% de la plantilla que dependía de la minera Vale y que esta semana cumplen 4 meses de inactividad estaría ahora en los barrios licitados por el IPV, y en menor medida proyectos fuera de la provincia, para lo cual las constructoras analizan listados antes de definir su demanda por calificación.

Estas cuestiones marcan el rumbo de una semana en la que se esperan definiciones para varios frentes: la primera audiencia de conciliación con Vale y sus contratistas de la que la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) espera garantizar el pago de salarios para los próximos 2 meses, y la postergada cumbre entre las presidentas Dilema Rousseff y Cristina Fernández. La reunión, suspendida hace más de un mes, será el viernes 26 en Buenos Aires.

Antes, según afirmaron fuentes del Ejecutivo, Pérez informará sobre el resultado de sus gestiones en busca del inversor que se haga cargo del futuro de Potasio, durante su gira por India y China. Será el miércoles, cuando llegue a Mendoza proveniente del gigante asiático (ver aparte).

Por su parte, el Ministerio de Trabajo había dispuesto el viernes aplicar el procedimiento preventivo de “empresa en crisis” que impide despidos por 30 días, tras lo cual debe fijar fecha para la conciliación entre Vale y el sindicato. Si en la primera audiencia no hay acuerdo se abrirá un período de negociación entre el empleador y la asociación sindical, el que tendrá una duración máxima de 10 días. Un eventual convenio debe ser homologado por Trabajo, caso contrario el procedimiento de crisis quedará sin efecto.

“Estamos a la expectativa del avance que pueda haber en la negociación”, señalaron desde Skanska, integrante de una de las UTE junto a Millicic y Chediak.

Desde la Uocra, en tanto, se proponen una meta doble: que Vale y sus subsidiarias garanticen el pago de los jornales de mayo “y un poco más”. Esto es, un resarcimiento por los meses de inactividad para los trabajadores.

Fernando Anaya, secretario general del gremio, descuenta que “si logramos un acuerdo con Vale y CRC, el resto deberá acatarlo”. Respecto a la reasignación de puestos de trabajo, según cálculos del sindicalista, si las cámaras cumplen con su palabra, 4 de cada 10 empleados estarían en condiciones de volver a trabajar. Alrededor de 1.000 sobre 2.500 empleados que involucraba la mina de Malargüe al empezar el 2013.

Barrios licitados y a licitar por el IPV, escuelas y las vacantes que haya en obra pública serían los principales destinos. Pero también existe demanda en proyectos complementarios de servicios como cloacas y tendido eléctrico.

Cambio de rubro

A partir del compromiso de reubicación de los trabajadores que hasta finales de 2012 se desempeñaron para Vale, CRC (Consorcio Río Colorado) y subcontratistas, los dirigentes de Uocra ya remitieron listados a la Cámara Argentina de la Construcción y Cecin (Constructores Independientes).

Ahora las empresas deben proceder. Mientras algunas estudian la decisión en función de su necesidad de mano de obra, otras ya empezaron la reasignación.

Por caso, la sociedad Cartellone-Distrocuyo, en principio con 50 de una dotación total de 230 empleados que irán a una mina en Santa Cruz. “No tenemos posibilidad de reubicar a más gente por los límites al traslado a otras zonas, pero seguimos trabajando para incrementar ése número”, consignó Paolo Pérez Burgo, representante de Cartellone Construcciones.

Para los empresarios, la deuda en certificados de obras que Vale aún no cancela condiciona la medida. Cartellone-Distrocuyo había cobrado unos $ 20 millones por tareas ejecutadas un año atrás, pero la acreencia pendiente es “muy superior”, señaló Pérez Burgo, para quien “un mes o más de haberes depende de la negociación con Vale”.

Los Andes intentó comunicarse con directivos de la Cámara de la Construcción para precisar cuántas empresas adhirieron al pacto para la continuidad laboral, y en qué condiciones. No obstante, algunos empresarios se muestran por ahora su escepticismo.

Para el constructor independiente Daniel Gaido, “es más una expresión de deseo que una realidad, pero lo bueno es que sea sustentable y que no se haga bajo presión. Si hay lugares vacantes vendrá bien, porque implica sumar mano de obra que, sin ser elemental, cuesta bastante conseguir, como los albañiles calificados”.

Según Gaido, “en año electoral habrá obra pública, pero se necesita garantizar los recursos. Hay que ser solidario con quienes se endeudaron con Potasio y ahora está complicado”.

Los Andes