La Iglesia reclamó ayer que la minería -como la producción petrolera y agroindustrial- se convierta en una política de Estado. Lo hizo en un documento de los obispos del noroeste – escenario de recientes protestas contra la megaminería y de violenta represión- en el que critican implícitamente el papel que vienen teniendo la Nación y las provincias ante los proyectos mineros e instan a las instituciones políticas y sociales a “un diálogo veraz y sincero”.

En el documento – difundido al término de su reunión anual, celebrada en Cafayate-, los obispos del NOA afirman que ante las inversiones mineras, petroleras y agroindustriales el Estado debe “asegurar desde el principio la información completa, la consulta y la participación de las comunidades afectadas por dichas inversiones, y supervisar las investigaciones preliminares, las exploraciones, la equidad en los acuerdos y la salubridad de los procesos de extracción”.

También le demandan “garantizar una provechosa participación de los pueblos en la distribución de los beneficios y la transparencia de esos emprendimientos; velar por los legítimos intereses del Estado nacional y de las provincias, y revisar la legislación, actualizar sus contenidos en función de los cambios que se han operado en la realidad, e informar convenientemente a la población para que conozca el desarrollo de esta temática, que debe constituir una política de Estado”.

Los obispos introducen, además, en el debate el criterio de la reparación. “El daño ambiental, cultural y social que se hubiera causado a partir de estos emprendimientos y sus consiguientes actividades – dicen-, exige en términos de justicia, la reparación proporcionada a los efectos padecidos por nuestro pueblo, lo cual tendrá que ser determinado por las leyes que oportunamente deberán dictarse en la materia”.

El pronunciamiento de los obispos del NOA se suma al que, hace dos semanas, difundieron sus colegas de la Patagonia, encabezados por el obispo de Neuquén y vicepresidente primero del Episcopado, Virginio Bressanelli. En aquel documento -además de reclamar un diálogo en torno a tópicos similares a los señalados por los del NOA-, los obispos patagónicos deploraban la enérgica represión contra manifestantes críticos de la megaminería. Ello ocurrió el 10 de febrero en el departamento catamarqueño de Tinogasta y en la localidad tucumana de Amaicha del Valle. En el primer caso, hubo ocho heridos de bala de goma.

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