Revelaron que Veladero no afecta las masas de hielo y que Lama tampoco lo hará. Más adelante estudiarán el impacto en los que están en exploración. Es para cumplir con la Ley de Glaciares.

El Gobierno provincial, a través de la Unidad Especial de Auditoría Ambiental, hizo público ayer los trabajos que atendían a dar cumplimiento con la Ley de Protección de Glaciares y así saber si la minería afecta los cuerpos de hielo. El resultado: la mina Veladero, que está en producción desde el año 2005, no los daña; y Lama, que en algo más de un año entrará en esa fase, tampoco lo hará. En el caso de Casposo y Gualcamayo, que están a baja altura, no hay presencia de glaciares. Además, en los próximos meses se conocerá el estudio de los proyectos El Pachón y Altar, ambos de cobre y en etapa de exploración, y luego será el turno para Los Azules. Todos los informes serán enviados apenas se reanude la actividad judicial a la Corte Suprema de Justicia, según precisó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis

El informe que ayer se presentó apunta a despejar las dudas que las organizaciones ambientalistas mantienen para con la actividad y en especial con los proyectos manejados por la minera canadiense Barrick. Según informaron, “no existe impacto actual, generado o potencial por superposición de actividad minera u obras de infraestructura actuales o proyectadas en el áreas de estudio, sobre glaciares descubiertos, de escombros activos o inactivos”. Además aclara en otro párrafo que tampoco se han visto afectados por la dispersión de polvo, un aspecto que en el último tiempo despertó dudas.

“Éste es un hecho trascendente porque tiene que ver con la producción y el desarrollo de San Juan, pero fundamentalmente con el cuidado del medio ambiente que es la premisa central de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos cumpliendo con una ley que consideramos inconstitucional, porque las provincias tienen la autonomía para hacerlo y lo vamos a seguir defendiendo. Incluso antes nosotros sacamos una ley de Glaciares, pero como está vigente la ley nacional hay que cumplirla”, dijo ayer el gobernador Gioja en rueda de prensa.

Informe que va a la Corte El documento que realizó la Unidad Especial de Auditoría Ambiental irá de inmediato al máximo tribunal de Justicia, la Corte Suprema. Guillermo De Sanctis, fiscal de Estado de la provincia, dijo ayer en la presentación de los resultados que la semana que viene (cuando se reanuda la actividad en Tribunales) llevarán esta información a Capital Federal.

“Ya en diciembre presentamos un informe de avance del estado de la auditoría ambiental y ahora vamos con la conclusión en el caso de los proyectos Veladero y Lama. Así es que corresponde como representante legal de la provincia en este juicio llevar a consideración del máximo tribunal los alcances de este informe”, dijo De Sanctis.

El exasesor legal de Gobierno aclaró tras cartón que si bien presentarán esta documentación, consideran “innecesario hacerlo en virtud que estos emprendimientos mineros ya dieron cuenta de su informe de impacto ambiental en su oportunidad”.

En el Gobierno provincial es vox populi que la intención es seguir trabajando en el camino que apunta a hacer valer la autonomía que gozan las provincias en este tipo de coyunturas, pero a la vez saben que intertanto tendrán que cumplir con la ley nacional vigente.

Cómo y quiénes la hicieron:

La Unidad Especial de Auditoría Ambiental, que es la encargada de hacer este trabajo, debe rendirle cuentas al Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, y estuvo timoneada en esta primera parte de los trabajos por dos hombres de la Subsecretaría de Recursos Hídricos -Jorge Millón y Mauricio Lohay- y otros dos del Ministerio de Minería -Marcelo Ghiglione y Roberto Luna-. Estaba previsto que sean parte del mismo especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), pero según Millón “nos informaron que de esta primera fase les era imposible participar y sí lo harán en las otras”.

Vale recordar que había sido invitado el año pasado para esta tarea el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), pero como este organismo es el encargado del inventario de glaciares se justificaron que no podían ser “juez y parte”. Atrás también quedó la posibilidad de auditorías externas, con la contratación de consultoras internacionales.

En cuanto a la zona en la que se trabajó con las tareas de campo, se ubicó a unos 350 km al noroeste de la capital sanjuanina, entre los 3.800 y 5300 metros sobre el nivel del mar y bajo las coordenadas 29º 20° Latitud Sur y 70º 00° Longitud Oeste, precisaron. Se trabajaron con relevamientos in situ y con imágenes satelitales.

Diario de Cuyo