Luego de tres décadas, finaliza el régimen de Promoción Industrial para Catamarca y otras tres provincias. El impacto en materia de desarrollo fue mucho más modesto que el esperado. Desde los gobiernos provincial y nacional se anuncian medidas tendientes a asistir a las empresas que quedarán sin los incentivos fiscales. El desafío es construir una alternativa de desarrollo esta vez sustentable. La minería podría aportar esos recursos.

La Argentina es un país que se desarrolló con grandes inequidades territoriales. Desde la organización nacional concretada cuando promediaba el siglo XIX, el puerto y la Pampa Húmeda fueron los grandes ganadores del modelo económico, en desmedro de otras regiones del país, en especial en Noroeste y Cuyo, que habían gozado de cierto crecimiento antes de que el resultado de las luchas internas terminaran de moldear un país macrocefálico e injusto.
A lo largo de muchas décadas, el interior olvidado luchó contra los molinos de viento de la indiferencia de los grandes ganadores en el reparto de la riqueza nacional.

Contra los desequilibrios
Recién a comienzos de la década del ´70 del siglo pasado empezaron a generarse algunos instrumentos formales tendientes a reparar en parte la distorsión de origen, a compensar los desequilibrios en la inversión pública nacional durante más de un siglo de historia.
Así nació el Acta de Reparación Histórica, de la cual la Promoción Industrial es sólo uno de los aspectos. El Acta la firmó el entonces gobernador de la provincia, Hugo Mott, cuando el presidente de la Nación era Juan Domingo Perón. Corría el año 1973.
En esa época se hicieron importantes inversiones en construcción, energía y caminos para poner en marcha la explotación de Farallón Negro por parte de YMAD. Y estaba incluida como otra obra emblemática de estas medidas reparadoras la represa Hidroeléctrica Potrero del Clavillo, que nunca se construyó.
El régimen de promoción industrial, que beneficia a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, está vigente desde 1979, y se plasmó a partir de la ley nacional 22.021 y su complementaria, la 22.702. Se implementó, en plena dictadura militar, como una estrategia cuyo propósito era favorecer, mediante beneficios impositivos, la radicación de industrias en zonas de menor desarrollo y, fundamentalmente, alejadas de los puertos de Buenos Aires y Rosario. Explicado de manera sencilla, las leyes eximen a las empresas del pago de impuestos nacionales a condición de que se radiquen en estas provincias y generen empleo genuino.
El Acta de Reparación Histórica promovía la radicación de aquellas industrias que trabajaran con insumos producidos en las provincias donde se instalaran. Se procuraba un efecto multiplicador que se logró muy parcialmente. Con ese criterio se instaló la fábrica de Alpargatas en el departamento Valle Viejo, a los efectos de utilizar el algodón que se producía en Catamarca. Pero los decretos-leyes de la dictadura ignoraron aquel requisito que buscaba agregarle valor local a la producción industrial, y habilitó el régimen para cualquier emprendimiento, sin contemplar el origen de los insumos.
Así comenzó a desvirtuarse el régimen, porque uno de los efectos de este cambio de criterio fue que, con afán especulativo, se montaran numerosos “galpones” en nuestra provincia, en lugar de verdaderas industrias, sólo para gozar de los beneficios promocionales. No se impulsaba, de esa manera, el empleo ni la producción local.

Todo lo que empieza, acaba

La Promoción estuvo amenazada durante mucho tiempo por el embate de diversas provincias, en especial Mendoza, que sostenían que el régimen las perjudicaba, ya que muchas empresas que podían invertir en ellas terminaban optando por las que gozaban de beneficios promocionales.
No obstante, los sucesivos gobiernos nacionales fueron desechando los argumentos de las provincias díscolas y el régimen se mantuvo vigente durante más de treinta años.
Pero a fin de año vence la última prórroga, y esta vez la decisión política de Nación es acabar con el régimen. No sólo por las presiones de otras provincias, sino también porque el gobierno central deja de percibir alrededor de $ 8.000 millones anuales, que es el costo fiscal por mantener las exenciones impositivas.
La gobernadora de Catamarca ha admitido públicamente que se trata de una batalla perdida, y ha anunciado que el Estado provincial deberá generar una estrategia de contención de las empresas a los efectos de garantizarles competitividad en el mercado, luego de que los beneficios promocionales se terminen. Es que salvo Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, ninguna otra provincia admite la continuidad del régimen. Se requeriría una fuerte voluntad política del gobierno nacional para mantenerlo, pero ésta no existe para las provincias mencionadas, aunque sí para Tierra del Fuego.
Lo que la Promoción Industrial procuraba es generar un polo de desarrollo industrial para que, luego de un tiempo, se crearan las condiciones productivas para que las empresas puedan subsistir sin este apoyo. Pero luego de más de treinta años, esas condiciones no existen, al menos no en Catamarca, lo que pone un límite al reclamo político por la extinción de los beneficios.
Los distintos gobiernos que tuvo la provincia entre 1980 y la actualidad no realizaron las previsiones necesarias para permitir la continuidad de la actividad industrial a buen ritmo luego de que los beneficios se terminaran. Supusieron, quizás, que la prórroga podría extenderse indefinidamente.
Hoy se sabe que no es así. De modo que desde el gobierno se preparan algunas medidas que compensen la caída de los beneficios, y eviten la pérdida masiva de fuentes de trabajo. Probablemente los recursos para paliar esta situación que se anuncia como crítica provengan de la minería, actividad que, dicho sea de paso, le aporta al erario nacional muy buenos ingresos en concepto de impuestos directos e indirectos.

Moderado impacto

El fin de la Promoción afecta a alrededor de 500 empresas en las cuatro provincias. Esas empresas, según estimaciones privadas, pagan salarios por 4.000 millones de pesos anuales en total.
Catamarca llegó a tener más de 100 empresas promovidas, pero en la actualidad no llegan a 60. Sin embargo, la cantidad de puestos de trabajo que dependen de estas empresas es significativo: entre 6.000 y 7.000, según las fuentes consultadas en los sectores oficial y privado.
Según un informe de la Fundación IDEAL, en base a datos del INDEC, CEM y SIPA, en Catamarca los puestos de trabajos en la industria evolucionaron de 2.000 que había en la década del ´70, a 8.775 en 2011. Cabe aclarar que no todos los puestos laborales en la industria pertenecen a establecimientos con beneficios promocionales.
Por otra parte, de acuerdo con lo consignado por la Guía de la Industria del Ministerio de Producción y Desarrollo de la provincia, existen 153 establecimientos industriales en la provincia, aunque también con la advertencia de que no están discriminados cuáles tienen cupos de la promoción y cuáles no.
La desaparición de los incentivos, opinan los especialistas, no provocará un cierre abrupto de fábricas ni despidos en masa debido a las inversiones realizadas, pero sin dudas afectará gradualmente a la actividad.

Medidas compensatorias

Entre las alternativas que se estudian para incentivar a las empresas y evitar de esa manera que paulatinamente vayan cerrando sus puertas en Catamarca, se encuentran las de aplicar subsidios a los servicios de energía, gas y transporte. Respecto de la mano de obra, se continuará con la implementación del programa de Recuperación Productiva (REPRO), que fue creado en el marco de la emergencia ocupacional nacional para sostener y promocionar el empleo genuino y apoyar la recuperación de sectores privados y áreas geográficas en crisis de todo el país. Algunas empresas catamarqueñas ya cuentan con el apoyo de este programa, lo que ha permitido que se mantengan fuentes laborales que estaban en riesgo.
Ante la inminencia del fin del régimen, la asistencia a las empresas fue confirmada tanto por la gobernadora Lucía Corpacci, como por el ministro de Producción, Ángel Mercado. “Desde el Estado queremos acompañar a las empresas promovidas para que reciban la ayuda del Gobierno provincial; no será la misma que la del régimen pero es una ayuda para que mantengan los puestos de trabajo”, dijo Corpacci. Y agregó: “Estamos buscando industrializar lo que nosotros producimos y a generar la materia prima de lo que producimos”.
La mandataria recalcó la difícil situación de mantener las empresas al estar tan lejos del puerto, por lo que transmitió a los industriales que la Provincia está dispuesta a brindar ayuda al sector. “Queremos generar puestos de trabajo por fuera de la administración pública y para eso necesitamos mucho la ayuda de los industriales”.
El ministro de Producción, por su parte, ratificó que el Presupuesto 2013 contempla asistencia para las industrias, aunque evitó precisar detalles. “Estamos trabajando con la Unión Industrial de Catamarca, estamos negociando con las empresas algunos mecanismos que permitan atenuar los costos de deslocalización. Hay voluntad política de contemplar esta situación para el 2013; para este año fue imposible porque estábamos con un presupuesto heredado en el que no se contempló nada”, señaló.
La Unión Industrial de Catamarca hace rato que viene manifestando públicamente su preocupación y demandando respuestas a una problemática que promete agravarse. “Hace varios años que estamos luchando para recuperar los beneficios que se han ido perdiendo gradualmente a través del tiempo, pero las gestiones de los gobiernos provinciales han sido infructuosos. Ningún gobierno ha logrado nada. Es una historia larga de frustraciones”, dijo el titular de la entidad, Raúl Colombo. “No estoy resignado -agregó-. Vamos a seguir luchando para que la industria se desarrolle, pero la realidad es muy difícil. Hay que ponerse a trabajar y buscar soluciones”.
También desde Nación se mandaron mensajes respecto de la decisión de asistir a las empresas que perderán los beneficios. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo dijo expresamente en su última visita a Catamarca en julio de este año. “Nuestro Gobierno se ha dedicado claramente a la defensa de la producción y el trabajo. No desconozco las inquietudes de algunos empresarios de Catamarca en relación con la Promoción Industrial y sus efectos sobre el empleo”, analizó Tomada. “No tengo ninguna duda de que el gobierno nacional se va a preocupar por atender la situación de las empresas y de los 7.000 puestos de trabajo que están involucrados. Forma parte del ADN de este proyecto (político de gobierno) fortalecer la industria y abrir la posibilidad de empleo privado a lo largo y ancho del país”, subrayó.
El primero en blanquear con franqueza la inviabilidad política de la prórroga de la Promoción Industrial fue el diputado nacional riojano Jorge Yoma, que acompaña las políticas del gobierno nacional desde hace una década, aunque cada vez se muestra más rebelde dentro de las filas del oficialismo.
Hace varios meses anticipó que las provincias no podían sentarse a esperar la prórroga, sino que debían negociar “por su cuenta”, incentivos en materia fiscal, crediticia o subsidios en las tarifas de energía y transporte, de modo de permitir que las inversiones ya realizadas se mantengan, o incluso atraer otras nuevas.
Además, se mostró partidario de “instalar en la agenda nacional la problemática de la región del Noroeste argentino, porque los temas instalados en la actualidad son casi todos concernientes a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano”.

La alternativa de un fondo minero
Otras visiones, más técnicas que políticas, opinan que la respuesta a la crisis que se avecina la debe dar la minería. Esa es la posición del contador público y ex secretario de Inversión para el Desarrollo Agropecuario durante el gobierno del FCS, Raúl Macaroff, quien sostuvo que la alternativa al régimen se podría dar en la creación de un fondo minero de desarrollo económico, conformado por parte de lo que las provincias mineras aportan a la Nación, como un modo de resarcimiento.
Macaroff recordó que antes la ley de inversión de minería establecía que el 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias debía ser distribuida en forma primaria a las provincias del origen de los yacimientos. “Si volvemos a que las provincias mineras tengan acceso al 20% de la recaudación del impuesto a las ganancias, tenemos asegurada la posibilidad del desarrollo de la provincia en actividades alternativas” opinó.
Más allá de todas las especulaciones, lo real y concreto es que en poco más de dos semanas, Catamarca, junto con La Rioja, San Luis y San Juan, perderán una de las herramientas que nos permitió soñar, en otros tiempos, con un horizonte de desarrollo no tan lejano. Para Catamarca, fue una oportunidad aprovechada a medias. Es cierto que se radicaron empresas que sin los beneficios promocionales no hubieran invertido en la provincia, pero la brecha de desarrollo con otras regiones del país no se redujeron.
Hoy, luego de tres décadas de promoción industrial, dos de diferimientos impositivos y quince años de mega minería, la principal opción laboral para los catamarqueños sigue siendo el empleo público. Todo un símbolo de lo que pudo ser y no fue.

Textos: Marcelo Gallo

Fuente: El Ancasti