Congreso nacional

El senador Alfredo Martínez recordó que en el Congreso de la Nación está pendiente el tratamiento de varias iniciativas que tienden a modificar el tope de regalías mineras que se le puede reclamar a las operadoras.
El Art. 22 de la Ley 24.196 establece un tope máximo para el cobro de regalías por parte de las provincias de 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído, vale decir sobre el precio de la primera venta, salvo que sea inferior al de mercado nacional o internacional, en cuyo caso se aplicará este último, una vez deducidos los costos directos y/u operativos que infringió el traslado del mineral de boca mina para llegar a etapa de comercialización. No se computan los costos de extracción.

Con sólo dos sesiones a concretarse antes de la finalización del período ordinario, Martínez consideró poco probable que se puedan alcanzar los consensos necesarios para que alguno de los varios proyectos que existen puedan ver la luz.
En particular él es firmante, junto a otros senadores radicales, de un proyecto de ley que busca eliminar el tope del 3% de regalías, dejando en libertad a las provincias de que el monto a tributar resulte de la negociación con cada una de las mineras.

“Lamentablemente hasta hoy no se han encontrado los consensos para lograr la sanción de alguno de los proyectos” reconoció tiempo atrás el senador, y sostuvo que la postura de la UCR es que “que las provincias sean realmente socias de las empresas y no como ocurre hoy, que las mineras se llevan la tajada importante y en las provincias queda muy poco”, pero dijo “hasta ahora no hay voluntad del oficialismo de tratar alguno”.

Asimismo, recordó tiempo atrás, que “es fundamental el control social” de los emprendimientos que explotan los recursos naturales de nuestro suelo, porque “lo estamos viendo en las provincias cordilleranas del norte del país, donde demandan ser partícipe del análisis de los proyectos mineros que desembarcan en sus regiones, y que llegan con promesas de puestos de trabajo y sólo dejan como saldo daños ambientales debido a que no existe un férreo control por parte del Estado”.