DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Economía, que se publica en la página 4 de esta edición, cuando concluya el año los municipios catamarqueños habrán recibido 41 millones de pesos en concepto de regalías mineras. Los más beneficiados son los de Andalgalá, Belén, Santa María y Antofagasta de la Sierra, que se llevan 26 millones del paquete. Si se considera que, no obstante estos ingresos, una gran parte de las comunas solicita en forma permanente el auxilio del Gobierno para salvar sus déficits, sobre todo en épocas críticas como el pago del aguinaldo, resulta evidente la imposibilidad de renunciar a la renta minera sin que la economía provincial entre en colapso y cesación de pagos. Hay que tener en cuenta que las regalías son la parte menor de los recursos mineros que recauda el Estado, mayormente constituidos por las utilidades que arroja la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, que percibe a través de YMAD. Lo dicho: como consecuencia del despilfarro de estos fondos, la economía provinciana es “minerodependiente”. No puede prescindir de la renta minera sin estallar en crisis.

Según Economía, los depósitos a los municipios por regalías del segundo semestre del año duplican los del primero. Esto abre espacio a otro análisis, más necesario desde que el Tribunal de Cuentas dejó de ejecutar el control de legalidad previo que hacía sobre los proyectos que los intendentes presentaban para financiar con regalías: la generación de una instancia o de mecanismos tendientes a blindar estos fondos ante tentaciones demagógicas, electoralistas o lisa y llanamente corruptas de sus administradores. El flujo de regalías, al menos desde el punto de vista teórico, podría servir para que los jefes comunales diseñen políticas de inversión que les permitan liberar otros recursos para la atención de gastos corrientes. Si se avanza en tal sentido, también debería registrarse una dependencia menor de las comunas respecto del auxilio perpetuo que requieren del Gobierno para mantener sus finanzas en un equilibrio siempre precario. En otras palabras: sistematizar la inversión de la renta minera provincial y municipal contribuirá a sanear la situación financiera de municipalidades con planteles tan sobredimensionados que ni siquiera está en condiciones de garantizar el pago de salarios si la Provincia no las ayuda. La experiencia hasta ahora indica que los municipios no están en condiciones, por las razones que sean, de gestionar sus recursos mineros con eficacia. La mayoría carece de equipos preparados para eso, por la destrucción de la carrera administrativa que subordinó al pago de favores políticos la conformación de una burocracia competente. La elefantiasis estatal, también padecida por la Provincia, conspira contra las mejores intenciones y hasta las más lúcidas individualidades.

En este sentido, en la Cámara de Diputados hay una iniciativa tendiente a crear la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, integrada por los Ministerios de Producción, Hacienda y Finanzas y Gobierno y por técnicos de todos los ministerios. Este organismo tendrá como objetivo proponer, asesorar, evaluar y autorizar los proyectos a ejecutar por los municipios con las regalías mineras, para lo cual deberá consensuar con cada intendente el perfil productivo de la jurisdicción. El proyecto fue presentado por el diputado oficialista Hugo Argerich, y fue precisamente una de las razones esgrimidas por el Tribunal de Cuentas para dejar de ejecutar el control previo a las propuestas de los intendentes, trámite que podía llegar a insumirle un año. A largo plazo, la sistematización de la inversión de la renta minera tendría que morigerar la “minerodependencia” que tiene el Estado catamarqueño, con la generación de actividades alternativas que diversifiquen la estructura productiva local. La plata está: hay que desarrollar políticas idóneas para que rinda frutos.