Mariana Conte Grand Economista ambiental, Universidad del CEMA.

El conflicto ocasionado por la construcción de plantas celulósicas en la localidad uruguaya de Fray Bentos frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú no ha terminado, pero se ha diluido. Solamente nos enteramos de vez en cuando de algún roce por la difusión transparente de los datos del monitoreo conjunto acordado por ambos países. El debate por el Riachuelo está latente, pero no ha dado tanto que hablar en los últimos tiempos. De vez en cuando se debate cuánto se tardaría en limpiar el curso de agua o cuántas industrias fueron inspeccionadas, pero ya no es un conflicto que genera movilizaciones. El nuevo tema ambiental en los diarios es ahora el de la explotación minera en algunas de las provincias del oeste argentino.

Pero, parece que esta vez, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Catamarca comprendieron mejor el tema ambiental. Esta vez, en lugar de proclamar que su política era la contaminación cero, declararon que los beneficios de la minería son muy importantes como para prescindir de ellos. Hay que aplaudir esta nueva posición. ¡Si la política fuese la contaminación cero, la Presidenta no podría usar su helicóptero para venir desde Olivos a la Casa Rosada, Boudou tampoco podría usar su moto Harley Davidson y todos deberíamos desplazarnos en bicicleta por la ciudad!

Parece que el gobierno ha comprendido que toda actividad trae aparejada cierto nivel de contaminación. La contaminación debe existir ‘hasta donde sea conveniente‘. Este tipo de análisis es más realista. Las personas están generalmente dispuestas a admitir cierto nivel de contaminación si implica más empleos, mejores niveles de ingreso, etc. Si bien los impactos en el medio ambiente no son un hecho deseable, la “contaminación cero” tampoco lo es si es que se consigue a costa de suprimir actividades económicas que generan beneficios mayores que sus costos. Esta idea es la base del desarrollo sostenible. Se trata de hacer un uso racional de los recursos naturales de los que se dispone.

Dado que el gobierno nacional y varios de los gobernadores han comprendido mejor la relación entre lo ambiental y la economía, queda ahora por ver si, contrariamente a lo que pasó en el caso de las papeleras, llegaron a comprender cuál debería ser su rol. Su papel como gobierno no es ahora que las mineras sobreexploten los recursos naturales, sino que los extraigan de una manera racional. El gobierno debería estar estudiando la manera de monitorear las actividades mineras, tener claro cuál es el tipo de tecnología que se usa en el mundo, qué normas existen en otros países respecto a la minería (considerando por supuesto la normativa que ya existe en Argentina) y hacer cumplir lo que se decida que hace a una explotación que equilibre beneficios con costos. Esto es, el Estado argentino no debe ausentarse y dejar que las empresas mineras decidan hacer lo que les parezca sino actuar como regulador de una actividad que, se sabe, afecta al ambiente. Cuando los costos ambientales adicionales que genere la actividad superen los beneficios, alguien debe estar para encender la luz de alarma.

EL CRONISTA – Buenos Aires, 28/2

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