La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable que se celebró del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil, tuvo por objeto renovar el compromiso político veinte años después de la primera cumbre histórica de Río de Janeiro en 1992 y diez años después de la de Johannesburgo en 2002.

En esta oportunidad, se constituye un nuevo llamado de las Naciones Unidas a los Estados, la sociedad civil y los ciudadanos a sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad. Los dos grandes ejes tratados fueron:

A. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza.

B. La creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable.

POSICIÓN ARGENTINA

La Misión Permanente Argentina ante las Naciones Unidas dependiente del Ministerio de Relaciones exteriores de la República Argentina elaboró un amplio informe multifacético, por el cual ratificó la vigencia de la Declaración de Río, de la Agenda 21 y del Plan de Implementación de Johannesburgo. Considerando que todo compromiso político renovado debe cerrar las brechas de implementación que aún persisten en los procesos hacia del desarrollo sostenible. Para ello, cabe a los países desarrollados la responsabilidad de incrementar sustancialmente la asignación de recursos y de inversiones nuevas, adicionales, predecibles y adecuadas, incluyendo el desarrollo de infraestructura, con el fin de apoyar las políticas nacionales de los países en desarrollo.

La Conferencia de Río + 20, deberá adoptar medidas concretas, claras y globales, dirigidas a la erradicación de la pobreza, en el marco de un programa ambiental, social y económico realista, dando un nuevo ímpetu a los objetivos vigentes acordados hace 20 años. No se trata de adoptar un nuevo concepto o transmutar el ya conocido de «desarrollo sostenible», sino de lograr la realización de éste, en forma equitativa y equilibrada.

La Argentina ha tomado como base para la elaboración de esta contribución escrita, las sugerencias sobre la estructura formuladas en la «nota de orientación de los co-presidentes» del 14 de marzo 2011, y los aportes de las distintas áreas del gobierno nacional en el marco de sus competencias sectoriales específicas.

En este marco, el Ministerio de Planificación Federal a través de la Secretaría de Minería elaboró el siguiente informe:

Desarrollo sostenible en la actividad minera

Al desarrollo sostenible le debe subyacer una visión sistémica, relacional y dinámica de lo socio-cultural, económico y ambiental. La planificación de las inversiones en industrias extractivas debe gestarse en un marco de consenso sobre la pertinencia de su desarrollo, como una alternativa productiva genuina, estratégica, y complementaria de otras. La actividad minera, desarrollada con responsabilidad; en acuerdo y respeto a los aspectos culturales y ambientales de cada región, constituye una oportunidad de mejorar y potenciar la calidad de vida de las comunidades durante y posteriormente a la vida de los proyectos Desde este enfoque multidimensional y relacional, la industria minera es sostenible cuando logra integrar, articuladamente, los aspectos socio-culturales, económicos y ambientales en el desarrollo de la actividad; satisfaciendo así las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones.

Dado que la minería es una actividad dedicada al aprovechamiento de un recurso no renovable, para que el desarrollo minero sea sostenible es condición necesaria la construcción de redes donde la mayoría de los ciudadanos, organizaciones sociales, entes gubernamentales locales y empresas tengan participación, con roles claros, ámbitos de diálogo e incidencia puntuales, que aludan a todos los aspectos del desarrollo de proyecto y atiendan las necesidades e inquietudes comunitarias y personales.

En la actividad minera, los ejes centrales de una política de desarrollo sostenible deben contemplar tres dimensiones: comunitaria, estatal-gubernamental, y corporativa; con delimitaciones claras respecto de las facultades, competencias y responsabilidades de cada actor en su rol y en el vínculo con los demás. La activa participación de todos los actores institucionales, gubernamentales, y ciudadanos en la planificación e implementación de las políticas de desarrollo resulta vital a los efectos de:

• Promover la mejora en la calidad de vida de la comunidad, la región y el país.

• Potenciar la sostenibilidad del proceso de desarrollo.

El respeto de los derechos humanos, civiles, sociales, laborales, y ambientales debe ser una de las prioridades para los estados y las empresas, durante las distintas etapas de los proyectos de desarrollo.

En esta perspectiva, el desarrollo sostenible está directamente asociado a la capacidad que tenga la actividad productiva y los actores que la desarrollan deben contribuir al bienestar económico, social y cultural de las comunidades en el corto, mediano y largo plazo. Esto supone que:

• Los diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) deben:

- Actuar de manera coordinada y articulada, desde el proceso concesionario, el ejercicio efectivo de los mecanismos jurídico institucionales de manejo de la información pública, consulta y participación ciudadana, estudios y declaraciones de impacto ambiental; y momentos posteriores de monitoreo y control

- Minimizar la conflictividad y generar condiciones de licencia social que viabilizaran el desarrollo del proyecto minero.

- Realizar un manejo responsable y criterioso de los recursos recaudados por aportes mineros fiscales, tributarios, regalías, cánones u otros mecanismos, en pos generar mejores condiciones de vida para las comunidades

• Los municipios donde se asientan y tiene área de influencia los emprendimientos mineros, deben tener una participación importante en la distribución de las tasas e impuestos pagados por las empresas mineras, con el fin de promover el desarrollo productivo de la región y las mejoras en los servicios de salud y educación.

Las empresas concesionarias deben:

Integrarse como un actor socio-económico más de las comunidades, si atribuirle un capital simbólico mayor (asociado al poder económico) que el de los actores históricos y preexistente en lo local;
Generar compromisos institucionales y comunitarios de inversión local directa e indirecta que beneficie el desarrollo y crecimiento de diferentes sectores productivos y comerciales;
Impulsar sectores comerciales y productivos local y regionalmente, que puedan insertarse en más mercados diversificados, para consolidar así una economía local autosustentable e independiente del ciclo de vida de la mina;
Comprometer recursos humanos, económicos y de infraestructura para beneficiar ámbitos y potenciar dinámicas locales de salud, recreación, educación, vialidad, ecología, fiestas populares, otros.
Participar de procesos de deliberación comunitaria, festividades y eventos relevantes para la población
Abrir espacios de divulgación de información y consulta ciudadana sobre el proyecto, sus alcances, tiempos, etapas y procesos;
Instituir mecanismos de monitoreo y participación de la población en lo que a medioambiente y compromisos comunitarios refiere;
Dar cumplimiento a los estándares ambientales que rigen el desarrollo de la actividad, y cumplir con la normativa laboral vigente;

Argentina y la minería sostenible

Las políticas sectoriales específicas, el modelo productivo nacional y el marco regulatorio e institucional dentro del cual se ha desarrollado la minería en Argentina durante los últimos años, han permitido que esta actividad económica se desenvuelva en consonancia con los principios antedichos así como con los principales lineamientos surgidos de la Cumbre de Río del año 1992.

En Argentina, la actividad minera se convierte en una alternativa viable y estratégica para promover el desarrollo con empleo genuino en provincias cordilleranas que cuentan con importantes recursos naturales y están constituidas por sociedades multiétnicas, situadas en una geografía compleja y con escaso desarrollo de infraestructura básica.

Protección del ambiente

El marco regulatorio en el cual se desarrolla la actividad minera en el país establece como prioridad el cuidado del ambiente. La Constitución Nacional en su Artículo 41 establece que: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El marco legal ambiental para la minería tiene un enfoque preventivo que se propone garantizar la sostenibilidad del ambiente. El sector minero fue pionero en la creación de una ley ambiental de aplicación específica para la actividad (Ley 24.585), la cual recepta y complementa los principios contenidos en nuestra Constitución Nacional, incorporando estándares de calidad de agua, aire y suelo e implementando un régimen jurídico cuya premisa es preservar el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado en el desarrollo de las actividades económicas y procesos que la contienen, para nosotros y las generaciones futuras.

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