En el Congreso de la Nación circula un proyecto para la creación de la Compañía Minera Argentina S.A. (COMINARSA) cuyo objeto es llevar a cabo por sí mismo, por intermedio o asociada a terceros, el estudio, exploración, explotación, transporte, almacenamiento, fundición, refinación, industrialización y comercialización de las sustancias minerales y sus derivados.

La Sociedad podrá realizar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero.

El proyecto, presentado por el diputado Mauricio Ibarra, alineado con el Frente Peronista (ex Peronismo Federal) establece que COMINARSA concentrará en forma prioritaria sus recursos en cualquier segmento de la cadena de valor de las sustancias minerales y sus derivados extraída por terceros, especialmente en los procesos de fundición, refinación, industrialización y comercialización de los minerales y sus derivados.

De todas maneras, esta creación de COMINAR S.A deberá recibir el visto bueno del bloque del oficialismo en las Comisiones de Minería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

El antecedente más reciente en este objetivo de ampliar la regulación sobre el sector fue la publicación a comienzos de esta semana en el Boletín Oficial de dos resoluciones de la Secretaría de Minería en las que se dispuso por un lado que las firmas deberán instrumentar un departamento interno de sustitución de importaciones e informar con cuatro meses de anticipación qué productos pretenden adquirir en el exterior. Por otro lado, se las obligó a contratar fletes nacionales para sus exportaciones.

Según la iniciativa del diputado Mauricio Ibarra, Cominar S.A. tendría un 51% de las acciones en manos estatales, de las cuales en su mayoría corresponderían a la Nación y el resto estaría repartido con las provincias. La otra parte se ofrecería en oferta pública, tanto en el mercado local como en Bolsas extranjeras

Las acciones clase “A”: Serán ordinarias, de 1 voto por acción, intransferibles, y representarán 51% del Capital Societario y serán distribuidas del siguiente modo: el 51% pertenecerá al Estado nacional y 49% restante será distribuida entre todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que decidan suscribir dichas acciones.

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