Minería `nacional y popular`: `Cominar`, el nombre de la probable empresa que creará el Estado para participar en el sector.

Cominar S.A. sería la sigla de la compañía minera argentina que el Congreso podría crear si avanzara el proyecto del peronismo sanjuanino, que está siendo analizado por la Comisión de Minería. La iniciativa, que contempla un directorio compartido entre el Estado nacional y las provincias mineras, apunta a desarrollar una firma `que se concentre en forma prioritaria sobre los procesos de industrialización y comercialización de los minerales`. El proyecto, presentado por el diputado Mauricio Ibarra, del bloque Unión por San Juan, que tiene buenas relaciones con el oficialismo, permitiría crear una empresa estatal minera en línea con el objetivo expreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de participar en las utilidades del sector y a tono con las creaciones de firmas provinciales, como el caso de JEMSE, en Jujuy, o Fomicruz, en Santa Cruz. No es casual tampoco que el proyecto se haya gestado en San Juan, una de las provincias con mayor actividad minera en la Argentina, donde está en curso por ejemplo el proyecto de extracción de oro Veladero, de Barrick Gold, o la construcción de la mina Pascua Lama que se explotará en conjunto con Chile. Ibarra es un legislador alineado con el Peronismo Federal, pero que en muchos casos ha acompañado iniciativas del kirchnerismo, como por ejemplo la renacionalización de YPF. De todas maneras, publica Bae, esta creación de Cominar deberá obviamente recibir el visto bueno del bloque del oficialismo, factor que aún no se ha develado y que, por lo pronto, se mantiene en clave de incógnita. El antecedente más reciente en este objetivo de ampliar la regulación sobre el sector fue la publicación a comienzos de esta semana en el Boletín Oficial de dos resoluciones de la Secretaría de Minería en las que se dispuso por un lado que las firmas deberán instrumentar un departamento interno de sustitución de importaciones e informar con cuatro meses de anticipación qué productos pretenden adquirir en el exterior. Por otro lado, se las obligó a contratar fletes nacionales para sus exportaciones. Según detalló Ibarra, Cominar S.A. tendría un 51% de las acciones en manos estatales, de las cuales en su mayoría corresponderían a la Nación y el resto estaría repartido con las provincias. La otra parte se ofrecería en oferta pública, tanto en el mercado local como en Bolsas extranjeras. El objeto de la empresa sería `el estudio, exploración, explotación, transporte, almacenamiento, fundición, refinación, industrialización y comercialización de las sustancias minerales y sus derivados`, y estaría habilitada para operar también en el exterior. El proyecto indica que, hasta que se obtenga la titularidad o los permisos de exploración, la empresa `concentrará en forma prioritaria sus recursos en cualquier segmento de la cadena de valor de las sustancias minerales y sus derivados extraídas por terceros, especialmente en los procesos de fundición, refinación, industrialización y comercialización de los minerales y sus derivados`. En la última década, la Argentina fue una de las naciones del mundo que más vio incrementar su actividad en la minería, lo que trajo aparejado una nueva geografía política en las provincias cordilleranas y no pocos cruces sociales que todavía no terminan de cerrarse. Entre 2003 y 2011 el número de proyectos se incrementó 3.311%, lo que generó un salto en la exploración de 664 por ciento. El crecimiento del sector fue acompañado además por una variación positiva de los precios de los minerales a nivel internacional. El oro, por ejemplo, en la última década registró un aumento superior al 350%, reflejando una tendencia que, más allá de los matices, se verifica casi horizontalmente en toda la paleta minera. Esta combinación entre actividad y precio llevó a que en los últimos meses el Gobierno ampliara su regulación sobre el sector. De hecho, en el verano pasado, cuando se creó la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), el Ministerio de Planificación había dejado ver que la intención del oficialismo es el desarrollo de firmas provinciales para participar en proyectos conjuntos con inversores privados, como ya se está dando en algunos casos.

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