Pablo Wende/”La Nueva Provincia”

Desde que la Argentina abandonó la Convertibilidad a fines de 2001 no se vivía un momento de tanta incertidumbre. Los momentos son distintos, por supuesto. No existe ahora el dramatismo de situaciones extremas como el “corralito”, la pesificación, el congelamiento de depósitos o un masivo default de las deudas. Sin embargo, en esta circunstancia –al igual que en el 2002– existen grandes dudas respecto a la dirección que adoptará el gobierno en relación a la futura política económica.
El cambio de discurso de la presidenta Cristina Kirchner en relación al mensaje que difundía antes de las elecciones presidenciales resultó asombroso. Pero lo más preocupante no pasa por las palabras, sino por los hechos.
Desde la elección presidencial de fines de octubre de 2011, el gobierno tuvo un notorio giro, hacia posturas mucho más intervencionistas.

Alcanza con repasar algunas de las medidas que se fueron sucediendo para caer en la cuenta de los cambios que se produjeron en pocos meses: el mercado cambiario quedó totalmente cercado y resulta una tarea casi imposible comprar dólares en el mercado oficial, lo que impulsó el crecimiento del paralelo. Desde febrero hay que pedir permiso previo para realizar cualquier importación. Un mes después, el volumen de productos importados había caído más de 8% en relación a marzo del 2011, generando además serios problemas de insumos en la industria.
Un poco más adelante, en el arranque de marzo, Cristina Kirchner envió al Congreso la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En un trámite exprés se transformó en ley, aumentando en $ 50.000 millones el financiamiento del organismo al Tesoro y además eliminando cualquier limitación al uso de reservas.
Apenas un mes después, el gobierno volvió a al ataque, esta vez con la expropiación de YPF. La ofensiva recibirá el visto bueno legislativo el jueves próximo, aunque la compañía fue intervenida ni bien se efectuó el anuncio.
La enumeración de los principales cambios producidos desde el triunfo presidencial muestran que el gobierno está dispuesto a actuar rápidamente y sin que importe en lo más mínimo si se producen cambios en las reglas de juego ni qué efecto podría generar esto entre el público o los inversores.
Pero la visión es que esta tendencia al mayor intervencionismo del Estado en la economía llegó para quedarse. Y no sólo eso, sino que se darán nuevos pasos en esta dirección en los próximos meses. Por lo pronto, las calificadoras de riesgo realizaron duras advertencias por las últimas medidas y hubo bajas generalizadas en las calificaciones de la mayoría de las empresas.
Según coincidieron Moody’s y Standard and Poor’s, la Argentina se volvió un país mucho más riesgoso y con reglas de juego poco transparentes, lo que provocó una fuerte volatilidad (y en general debilitamiento) de los activos locales.
Esta reducción de la nota de la deuda corporativa podría resultar un simple detalle, de no ser por el hecho de que provocan una caída en el precio de los bonos y un consiguiente aumento de las tasas de interés. En la práctica significa que el sector privado directamente se quedó sin la posibilidad de conseguir dinero fresco y a largo plazo en el exterior. El cambio tan marcado en la política económica oficial mantiene en vilo a los empresarios. La mayor parte de las empresas tienen detenidos sus planes y los consultores privados estiman que este año caerá fuerte la inversión: pasaría de 24% a 22% del PBI. Es una proyección que alarma, ya que cada vez que hubo una caída en el nivel de inversiones, el país sufrió una recesión.
La gran incógnita por develar en los próximos dos o tres meses es si habrá otras empresas o sectores que caerán bajo el ala del gobierno. La lista de los que podrían sufrir este intervencionismo tiene como “abonadas” a las empresas eléctricas y gasíferas.
La acción de Edenor, por ejemplo, acumula una caída de más del 55% en la Bolsa porteña desde el arranque de 2012. A esta compañía le pasa lo mismo que a la mayoría de las del sector eléctrico: precisan un urgente aumento de tarifas para poder seguir pagando los sueldos, ni hablar ya de la rentabilidad.
En la medida que esta situación no se corrija urgente, aumentan las chances de que el Estado se vuelva a hacer cargo, para lo cual puede aducir que las compañías no hicieron inversiones suficientes, tal como se la acusó a Repsol en relación con YPF.
¿Habrá una readecuación tarifaria para las empresas de servicios públicos puedan cobrar más? Resulta difícil, ya que hasta ahora los aumentos anunciados van directamente a las arcas estatales para tratar de reducir el millonario nivel de subsidios. Tampoco queda claro si se buscará atraer a más compañías petroleras, para lo cual se requeriría un marco regulatorio mucho más firme tras el episodio de Respol y, sobre todo, si se reconocen precios para los hidrocarburos algo más alineados con los precios internacionales.
Entre los sectores que podrían sufrir algún cambio en las reglas de juego se encuentra especialmente la minería, aunque sería matar a la gallina de los huevos de oro, debido a la cantidad de proyectos de inversión que hay en este rubro.
Pero mientras el Estado incrementa aceleradamente su intervención en la actividad empresaria, la economía continúa con su dinámica. Los elevados niveles de inflación en medio de una clara reducción del crecimiento están mostrando el síntoma de un modelo que se va agotando.
Sin embargo, la soja a u$s 550 la tonelada y el “envión anímico” de YPF le permitirán a Cristina Kirchner seguir tirando de la cuerda y apostar al control cada vez más agobiante de la Casa Rosada en el sector privado. Eso sí, difícilmente pueda evitar las consecuencias de haber elevado exponencialmente la sensación de riesgo para los potenciales inversores del país.

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