El ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman, aseguró que Uruguay “no se transformará en un país minero, teniendo en cuenta que las hectáreas involucradas representan un porcentaje muy mínimo en proporción a toda la superficie nacional”.

Keimerman defendió este jueves el contenido de la Ley de minería de gran porte, ante las críticas de sectores ambientalistas por la futura extracción de hierro por parte de Aratirí en Valentines.

El secretario de Estado recordó que la normativa “nace de un acuerdo de los cuatro partidos con representación parlamentaria”, y de ella se concluye que la minería de gran tamaño, tanto porque involucra una cantidad importante de hectáreas como por el monto de la inversión, es beneficiosa para el país, por los ingresos que supone y la diversificación productiva que genera”.

Aclaró que la actividad debe llevarse a cabo “cumpliendo con las condiciones ambientales y sociales adecuadas”. Además de generar un “rédito económico que le asegure al país el bienestar de sus generaciones futuras, teniendo en cuenta que es un recurso extractivo”.

Remarcó el hecho de que la normativa pone énfasis en varios aspectos, entre ellos el “plan de cierre”, lo que implica asegurar que “luego de los años de explotación que desarrolle la minera, cualquiera sean los materiales metálicos, exista una garantía en dinero, primero, y luego un plan determinado de cierre, de recomposición del territorio”.

Acotó que la Ley contiene “importantes exigencias y complementa todo lo previsto en el Código de Minería y en la Ley de Impacto Ambiental”.

También destacó que la normativa “exige el diseño y firma de un contrato específico con la empresa minera, documento que supone fijar los plazos y los volúmenes de producción, definir un plan de desarrollo de proveedores nacionales y los motivos de rescisión o extinción de dicho contrato”.

Uruguay no será un país minero

Kreimerman aclaró, según publicó Presidencia de la República, que “Uruguay no se transformará en un país minero, teniendo en cuenta que las hectáreas involucradas representan un porcentaje muy mínimo en proporción a toda la superficie nacional”.

“Lo que estamos viendo es la diversificación posible de una fuente más de riqueza para el país, que esté al nivel de otros complejos productivos que tiene Uruguay”, dijo.

En cuanto al rédito económico que puede representar para nuestro país, Kreimerman se refirió a la importancia de que se trate de un “alto porcentaje de las ganancias totales”.

Con la introducción de un nuevo impuesto, sumado al canon minero (5 %) y al Impuesto a la Renta, “se completa la posibilidad de que el Estado alcance alrededor del 50 % de las ganancias del proceso de la minería”.

“El beneficio económico resultante de este tipo de emprendimientos será destinado en un 70 % a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, una acumulación solidaria pensada para las generaciones futuras, y el restante 30 % se aplicará a proyectos de desarrollo productivo o de carácter ambiental”, remarcó.

En el caso del proyecto de la minera Aratirí, el rédito económico estimado para el país es de “450 millones de dólares anuales promedio”. El porcentaje de territorio nacional involucrado es de “apenas 0,029 % del total”, remarcó.

“La ley de minería de gran porte refuerza las exigencias ambientales, sobre todo en el plan de cierre, y refuerza la capacidad de recaudación por parte del Estado, cuyo dinero no se vuelca a gastos, sino a proyectos de inversión y a un Fondo para futuras generaciones”, puntualizó Kreimerman.