Los royalties que paga la industria minera en Brasil se multiplicaron por tres en los últimos seis años, reflejando la suba de la cotización de las commodities metálicas en el mercado internacional.
En 2012, la Compensación Financiera por la Exploración de Recursos Minerales (Cfem) alcanzó la cifra record de R$ 1.832 millones, según números recién compilados por el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM). Eso significa un crecimiento de 234% sobre el valor recaudado en 2007, que había sido de u$s 547 millones.

La expectativa del gobierno es multiplicar por dos esa recaudación con los cambios que se están preparando en los royalties del sector. La semana pasada, se retomaron las discusiones en el Palacio do Planalto para enviar al Congreso un nuevo código de minería, que sustituirá al actual marco regulatorio, de 1967.

Tres proyectos de ley están en el escritorio de la Casa Civil. Uno reforma las normas generales del código y establece la realización de subastas para yacimientos de minerales considerados estratégicos, otro cambia el sistema de cobro de los royalties, y el tercer transforma el DNPM en una agencia reguladora.

Una de las modificaciones casi seguras es que la recaudación de la Cfem pasará a considerar la facturación bruta, y no más los ingresos líquidos, como base de cálculo para la recaudación. Ese cambio, según simulaciones realizadas por una gran empresa del sector, que fueron presentadas al gobierno, aumentaría 27% los royalties pagados por la explotación de mineral de hierro.

Sin embargo, el gobierno optaría por un cambio general de las alícuotas actualmente en vigor. La tabla en estudio prevé que la franja de royalties subirá entre 0,5% y 6%. Hoy, el piso es 0,2% y el techo 3%. Los royalties sobre el mineral de hierro, principal producto de exportación del sector, pasarán de 2% a 4%.

Uno de los temas que asusta a las mineras y que todavía no obtuvo consenso dentro del gobierno es la introducción de participaciones especiales en yacimientos con alta productividad. Como ocurre en la industria del petróleo y el gas, sería una tributación adicional que se aplicaría solamente a los grandes yacimientos, como las explotaciones en Carajás (Pará) y en el Cuadrilátero Ferrífero (Minas Gerais).

El ministerio de Minas y Energía, cartera favorable al mecanismo de las participaciones especiales, tiene un relevamiento preliminar que indica el potencial de cobro en poco menos de 80 de los 3.000 yacimientos en producción en el país. Pero el equipo económico teme que el exceso de tributos tenga un efecto opuesto al pretendido, desestimulando la producción de uno de los segmentos que más colaboró en la balanza comercial. Para el gobierno, el superávit de la industria de minería fue de casi u$s 34.000 millones en 2011.

La ministra jefa de la Casa Civil, Gleisi Hoffmann, confirmó días atrás la determinación de la presidenta Dilma Rousseff de agilizar las discusiones en torno a un nuevo marco regulatorio. “La presidenta quiere terminar ahora las discusiones en relación al código de minería y, por su determinación, estamos conversando con todos los sectores involucrados”, afirmó la ministra.

El pasado viernes, Hoffmann se reunió con representantes de Vale, del Instituto Brasileño de Minería (Ibram), de la Asociación Brasileña de Entidades Estaduales de Geología y Minería (Abemin) y de la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación Mineral (ABPM).

Auxiliares de la presidenta consideran que el trabajo de cerrar un nuevo marco regulatorio pasará por el ojo del geólogo Giles Carriconde Azevedo, jefe de gabinete de la mandataria en el Planalto y titular de la secretaría cuando Rousseff fue ministra de Minas y Energía (2003-2005).

En los proyectos guardados en la Casa Civil, no hay alteraciones en la forma de distribución de los royalties. Los municipios afectados se quedan con 65% de la recaudación de la Cfem y los gobiernos estaduales reciben 23%, quedando en manos del Estado nacional una parte residual.

De acuerdo al nuevo código de minería, el gobierno comenzará a licitar el derecho de explotación mineral, lo que aumentará la competencia entre empresas interesadas en el mismo. En el modelo actual, esa disputa no existe, porque el derecho de explotación se da a la empresa que presenta primero su pedido. Quien venza las subastas recibirá una concesión, probablemente de 30 años, con la posibilidad de renovarla por otros 20 años, sumando 50.

Cronista.com